No puedo pagar el alquiler…

abril 30, 2020 abogados, spot

El estado de alarma suspendió la apertura al público de todos los establecimientos que, según la clasificación del Decreto-Ley 15/2020, no tenían como objeto la venta o prestación de servicios esenciales o básicos. Obviamente, tal circunstancia ha puesto a muchos empresarias en una situación muy difícil. A la falta absoluta de ingresos se suma la obligación de hacer frente a los gastos, gastos cuya partida más elevada suele venir conformada por los salarios y los seguros sociales y, después de estos, por el alquiler del local de negocio. 

¿Qué hago si no puedo pagar el alquiler? El gobierno ha dictado varias normas con medidas urgentes (modificadas posteriormente y sobre la marcha por otras normas con medidas urgentes) intentando paliar la situación, si bien el alcance efectivo de las mismas no creemos que sea muy grande.

La situación es la siguiente. Si el propietario del local o inmueble en el que el empresario, profesional o comerciante afectado por la suspensión se trata de una empresa, sociedad o entidad pública dedicada al alquiler de inmuebles o una persona física propietaria de más de 10 inmuebles o de un número de inmuebles cuya superficie sea superior a 1.500 metros cuadrados, el arrendatario puede solicitar en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la norma (el 24 de abril de 2020) una moratoria por el tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas, prorrogable mes a mes (con un limite máximo de cuatro meses) en cuanto al pago de la renta se refiere, abonando las cantidades demoradas de forma fraccionada a lo largo de un período de dos años. El arrendador está obligado a conceder la moratoria.

Si el arrendador no se encuentra en ninguno de los supuestos citados en el párrafo anterior, el arrendatario podrá igualmente solicitar la misma moratoria, pero el arrendador no estará obligado a concederla.  No obstante, las partes pueden alcanzar un acuerdo en virtud del cual el arrendador puede disponer de la fianza (habitualmente dos meses de renta) con los que cubrir las mensualidades para las que esta cantidad alcance, debiendo el arrendatario reponer la fianza en el plazo de un año o en el plazo que reste del contrato, si este plazo es menor.

Desde el punto de vista de la técnica jurídica, no tratándose de una norma imperativa, la plasmación positiva de la misma es absolutamente ociosa, pues es obvio que las partes de un contrato de arrendamiento pueden (o no) llegar a un acuerdo respecto del pago de la renta y/o su aplazamiento, sin necesidad de regular nada al respecto (excepción hecha, claro está, de la liberación de la fianza que el precepto establece).

Sorprendentemente en muchos casos los arrendadores (altruistamente y concienciados con las dificultades que están atravesando sus inquilinos) están condonando el pago de las rentas durante estos períodos, por lo que tal vez lo más recomendable es hablar con el propietario e intentar alcanzar (y documentar) el acuerdo más favorable  posible y, si no puede alcanzarse ningún acuerdo (y siempre que estemos en el primero de los supuestos) solicitar dentro del plazo y de forma fehaciente la moratoria que la norma establece para aquellos supuestos de sociedades inmobiliarias y grandes tenedores de inmuebles.

juan vives
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Aproximaciones. Comentarios y opiniones sobre cuestiones relacionadas con el Derecho de familia y el Derecho en general. Son meras expresiones de la opinión de su autor. Nunca consejos jurídicos, pues sólo se puede asesorar jurídicamente tras estudiar cada concreto supuesto.

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